Correo del Caroní
Al menos 40 militares del Ejército, integrantes de la Región Estratégica
de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), fueron desarmados, retenidos y
amarrados ayer por los indígenas pemones de la comunidad de Urimán, situada a
orillas del Caroní.
La acción es parte de una secuencia de actividades que
llevarán a cabo los aborígenes para poner fin a lo que ellos llaman el
sostenido “atropello de los militares”, que incluye la imposición de
restricciones de los vuelos a las distintas comunidades, cuyo acceso es
exclusivamente por aire y constituye su única fuente de ingreso de comida y
combustible.
Sólo dos empresas (Transmandú y Tranaca) están autorizadas
para volar a las comunidades. Los indígenas señalan que esto ha servido para
que haya aumentos “exagerados en los pasajes”. Si antes un boleto desde Urimán
hasta Ciudad Bolívar costaba 1.200 bolívares, actualmente les es vendido en
2.500 sólo la ida, algo que consideran insostenible y consecuencia directa de
las medidas militares.
Según informaron algunos voceros, la detención de los
militares de Urimán es apenas un abreboca de lo que harán para presionar una
respuesta. Después vendrán protestas y cierres en distintos puntos del
municipio Gran Sabana, en caso de que no obtengan una solución en el plazo que
esperan.
En concreto
El desarme de los militares del REDI ocurrió en la mañana de
este jueves en dos etapas; 21 funcionarios fueron sacados del puesto fluvial en
la zona y conminados a una escuela local. Luego, horas más tarde la noticia se
supo y fue enviado un nuevo contingente, esta vez de paracaidistas, para
resolver la situación. Al llegar corrieron con la misma suerte: en total,
habría 40 “boinas rojas” en poder de los pemones.
Esta no es la primera vez que los indígenas desarman y
retienen a militares. La anterior fue octubre de 2011 en la comunidad de Musuk
Pa, municipio Angostura, donde más de 20 funcionarios permanecieron en manos de
los aborígenes hasta que se llegó a un acuerdo.
Hartos y resteados
Lisa Henrito, secretaria de la capitanía general del sector
6, que comprende 27 comunidades de la Gran Sabana, expresó que desde inicios de 2013
han sostenido varias reuniones entre los representantes indígenas en Santa
Elena de Uairén en busca de una salida sin hallar un punto de encuentro con las
autoridades.
Escritos han ido y venido sin que obtengan lo que quieren,
el fin de lo que consideran un “hostigamiento”. “Nos cansamos de los
atropellos, la extorsión, el chantaje descarado del Ejército y, por lo tanto,
decidimos que vamos a protestar con contundencia”, dijo la secretaria.
Añadió que las acciones se mantendrán hasta que haya la
“presencia física” del vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, y los
titulares del Ministerio de Energía y Minas, Pueblos Indígenas, Ambiente y de la Defensa.
“No queremos más atropellos. Ellos (el gobierno) deben
recordar que en las poblaciones indígenas hay personas que piensan, que tienen
una cultura ancestral, que sueñan y que tienen necesidades. Lo que pedimos es
que nos dejen tranquilos, y si nos van a ayudar que nos expliquen cómo, y no
pasen por sobre nosotros. Estamos abiertos al diálogo”, dijo Henrito.
La vocera expresó que esperan una salida pacífica a sus
peticiones, al tiempo que lanzó una advertencia “si tocan a un indígena, nos
tocan a todos”. Con esto afirmó que temen una arremetida por los hechos de
Urimán, e instó a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no conducirlos a
los “extremos”, que implicaría protestas simultáneas.
Informó la secretaria de la capitanía general del sector 6
que en total hay 103 comunidades organizadas en la Gran Sabana, y ocho
sectores pemones que están a favor de retomar la normalidad en cuanto a los
vuelos aéreos, el traslado de alimentos, combustible y fin de los atropellos.
Cese de las represalias
Javier Márquez, abogado, defensor de la causa indígena y
miembro de la comunidad El Plomo, se solidarizó con la protesta de sus
compañeros y señaló que de su parte exige tres cosas: que no haya represalias
en contra de quienes encabezan las acciones y que, por el contrario, sean
investigados los militares que pudieran estar incursos en los abusos; que se
atienda el caso del capitán de Arekuna, quien fue a formular una denuncia a la Fiscalía Ambiental
en Ciudad Bolívar y resultó agredido y, finalmente, que el gobernador del estado
fije posición sobre lo que sucede con las poblaciones aborígenes.
Víctor Abati, capitán general de los sectores 1 y 2, que
incluye a las comunidades de Kamarata y Canaima, estaba en Caracas junto con
otros representantes indígenas, el alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús
Vallés y el presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, Juan
Carlos Velásquez.
En la capital lograron reunirse con el diputado y presidente
de la Comisión
de Energía y Minas de la
Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Allí expusieron el
problema e incluso comentaron lo ocurrido en Urimán. Sin embargo, el
parlamentario aseguró que hoy les tendría una respuesta y con eso concluyó la
reunión.
***DESPIECE***
Ya advertidos
El 2 de febrero, los capitanes y representantes de las
comunidades aéreas de la
Gran Sabana sostuvieron una reunión en Santa Elena de Uairén
e hicieron un pronunciamiento que hicieron llegar a las autoridades.
En él exigían el cese de los atropellos, la restitución del
tráfico aéreo a las demás compañías existentes en el estado, la eliminación a
la restricción excesiva en el suministro de combustible, la nulidad del Decreto
8.413 de Nacionalización del Oro, el respeto a los territorios indígenas y la
destitución del mayor general Clíver Alcalá Cordones, comandante del REDI
Guayana, entre las cosas más importantes.
En ese mismo documento anunciaban que de no haber respuestas
tomarían acciones. En vista de que trascurrieron cinco días desde el documento
y no había una salida decidieron iniciar las protestas, que serán por tiempo
indefinido, en cuanto a la retención de los 40 funcionarios militares en la
comunidad de Urimán.
Las exigencias
-Exigir al Estado venezolano el respecto a nuestros derechos
reconocidos en la
Constitución del 99.
-Respeto a nuestros territorios ancestrales y a la autonomía
y libre determinación de nuestro pueblo pemón dentro de la soberanía del Estado
venezolano.
-Nulidad del decreto 8683.
-Declarar al general Clíver Alcalá como persona no grata y
enemigo número uno del pueblo pemón.
Tomado del pronunciamiento de las comunidades indígenas
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