La devaluación es un robo

Por: Simón Rodríguez Porras (PSL) 

En vísperas de carnaval el gobierno adoptó una dura medida económica en contra del pueblo trabajador, al devaluar el bolívar en un 46,5%. La tasa de cambio oficial pasó de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar, medida acompañada por el anuncio de que los empresarios solo deberán vender al Estado el 60% de las divisas extranjeras obtenidas por concepto de exportaciones, aumentando las retenciones privadas de divisas en un tercio. De igual manera, se crea el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, se elimina el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), y se flexibiliza la apertura de cuentas en divisas en el país.

Esta devaluación persigue brindar al gobierno mayores recursos en bolívares para atender sus compromisos con la banca privada, disminuir un déficit fiscal que ronda el 15%, sostener el gasto público y reducir el peso de los pasivos laborales, todo a costa del empobrecimiento de la mayoría trabajadora de la población, que pagará los efectos inflacionarios de la medida al no contar con ahorros en divisas, a diferencia de los grandes empresarios y burócratas.

Mentiras y corrupciónMerentes y Giordani han dicho que con la depreciación de la moneda se fortalecerán las exportaciones no petroleras y habrá sustitución de importaciones. Una explicación que por su demagogia nada tiene que envidiar a los gobiernos del pasado puntofijista. Maduro, por su parte, ha dicho que se perseguirá legalmente a los especuladores, para contrarrestar el impacto de la medida en el índice inflacionario.

Pero las evidencias de que estos objetivos no están entre las prioridades del sector empresarial al servicio del cual está la gestión gubernamental, saltan a la vista. Reporta mayores ganancias en un menor plazo dedicarse a la importación, a la especulación financiera y a los negocios con el Estado, todos ellos mecanismos para apropiarse de la renta petrolera. Luego de 14 años, el carácter monoexportador de la economía venezolana se ha recrudecido, al menos 96% de las exportaciones son petroleras, lo cual subraya el carácter dependiente de nuestra deforme economía semicolonial.

Las mentiras oficiales se parecen a las empleadas en el año 2010. En enero y diciembre de ese año se realizaron sendas devaluaciones para llevar la relación bolívar-dólar de 2,15 a 4,30. En enero, ante la Asamblea Nacional, el presidente Chávez aseguró que se trataba de una “devaluación revaluadora”. La supuesta revaluación vendría por la vía de la equiparación del precio del dólar del mercado paralelo con el oficial; esto llevaría a una disminución de los precios de muchos productos importados, y de esa manera disminuiría la pobreza y la desigualdad. También se habló de combatir el impacto inflacionario de la “devaluación revaluadora” expropiando a los empresarios que especularan con los precios. Nada de esto se produjo. El diputado del Psuv, Jesús Farías, aseguró que la devaluación de diciembre de 2010, además de hacer crecer el aparato productivo y disminuir el desempleo, también ayudaría a reducir los índices de corrupción. (http://www.avn.info.ve/node/36052). Mientras que Giordani consideraba que la devaluación formaba parte de una política económica “humanista”.

En vez de “revaluación” lo que hubo fue una inflación acumulada entre 2010 y 2012 del 188%, y se presentó una brecha cada vez mayor entre el dólar oficial y el del mercado paralelo.

Al justificar la nueva devaluación, el gobierno ha presentado argumentos que desenmascaran las mentiras de ayer. Nicolás Maduro reconoció que no se hicieron “los controles posteriores de los recursos que en dólares se han entregado para las importaciones necesarias para el país… (algunos empresarios) no traían nada y se agarraban los dólares”. (http://ve.noticias.yahoo.com/maduro-gobierno-ir%C3%A1-especuladores-devaluaci%C3%B3n-003200520.html). Ecoanalítica calcula que de los 56,3 millardos de dólares en importaciones realizadas en el país el año pasado, 15,4 millardos (27,4%) corresponden a sobrefacturación o a importaciones ficticias. El 39,7% de las importaciones del sector público y el 19% de las importaciones privadas habría sido fraudulento. La falta de controles admitida por Maduro no fue un error, sino una política de derrapado clientelismo burgués, para favorecer a empresarios aliados, conocidos popularmente como boliburgueses o chavoburgueses, así como a la banca, a las transnacionales y otros sectores capitalistas. Ante la astronómica cifra de 15,4 millardos de dólares robados, no hay empresas confiscadas ni burócratas o empresarios presos. Los voceros del gobierno hablan del Sitme y de Cadivi como si no fueran instrumentos de la política económica elaborada por Giordani y Merentes, bajo la égida del Presidente de la República.

El saqueo que la burocracia y la burguesía perpetran contra la renta petrolera desmitifica el mal llamado “socialismo del siglo XXI”, y el acumulado de la inflación es uno entre varios síntomas del rotundo fracaso económico del gobierno. Entre 1999 y 2012, la inflación acumulada fue de más de 1500%, mientras que la moneda se ha devaluado en un 1.025%.

Pero para Giordani, el problema no es político ni económico, sino cultural. Además de repetir la mentira de que la devaluación favorece la igualdad, el ministro culpa al pueblo de vivir “de la insaciabilidad del dólar, de una especie de ninfomanía dolarizada”. (http://www.ciudadccs.info/?p=386534) Así proceden todos los explotadores, endilgándole al pueblo los vicios que son práctica corriente del gobierno y sus aliados capitalistas, nacionales y transnacionales.

Descontrol de cambios
En el momento de su implementación, el control de cambios fue una herramienta válida para frenar la fuga de capitales, en el marco de una ofensiva de importantes sectores empresariales contra las libertades democráticas, a través del lock out patronal y el sabotaje petrolero del 2002. Sin embargo, al cumplirse diez años de la implementación del control cambiario en febrero de 2003, está claro que al no haberse emprendido cambios estructurales en la economía venezolana, el control de cambios dejó de cumplir su función original, convirtiéndose en una fuente inagotable de corrupción, despilfarro y enriquecimiento para sectores capitalistas y de la burocracia gubernamental. Se reeditan las amargas experiencias del pasado puntofijista y Recadi, cuyos platos rotos terminaron pagando el pueblo y un solitario chivo expiatorio.

Un Giordani alucinante llegó a decir en el 2010 que los sectores financieros ya no exportaban capitales sino que las reservas se destinaban a la inversión productiva (http://www.aporrea.org/actualidad/n148498.html). Pero las cifras oficiales lo desmienten, la fuga de capitales durante esta década se calcula en 144.900 millones de dólares.

La descomunal fuga de capitales, aún con el control de cambios, demuestra que en el capitalismo venezolano sigue siendo la burguesía venezolana la destinataria de la tajada del león de la renta petrolera, y que la mayor parte de la “redistribución de la riqueza” se efectúa a través de los mismos vasos comunicantes de siempre entre las multinacionales, la burguesía nacional y la burocracia. La distribución de la renta petrolera continúa siendo injusta y profundamente antidemocrática. Las transnacionales, propietarias de hasta un 40% de las empresas mixtas que operan la industria petrolera, la burguesía local y la burocracia estatal, roban por medios legales e ilegales la mayor parte de los recursos provenientes del petróleo. El gobierno se apoya en estos sectores y es incapaz de tocar sus intereses, esta es la explicación de las limitaciones de su política económica; en este contexto el control cambiario no podía dejar de degenerar en un mecanismo político clientelar con objetivos reales muy distintos al de impedir la fuga de capitales.

El Sitme no fue otra cosa que un mecanismo de flexibilización del control cambiario empleado por el gobierno para inyectar divisas al mercado a un precio superior al de la tasa oficial, divisas alimentadas con deuda de Pdvsa y del gobierno. Ahora Giordani plantea que esta inyección de divisas fue "indebida" y que el Sitme nació "genéticamente perverso". Pero como engendro político y económico, su perversidad no proviene de otra fuente que el propio gobierno que lo concibió e instrumentó. En la misma dirección de avanzar en la flexibilización del control cambiario apunta la relajación de las normas relacionadas con la apertura de cuentas en dólares en los bancos venezolanos.

Unos pocos ganan y la mayoría pierde
La deuda interna supera los 200 millardos de bolívares y la deuda externa llega a los 150 millardos de dólares. Paralelamente al crecimiento de la deuda, crecen las ganancias de la banca comercial, espoleadas por las exenciones tributarias: 13 millardos de bolívares en 2012, lo que equivale a un aumento de 96% con respecto al 2011. El Sitme negoció más de 9 millardos de dólares en 2012, brindando por cada operación comisiones de hasta el 3% a la banca. (http://laclase.info/nacionales/espeluznante-crecimiento-de-las-ganancias-de-la-banca-privada). Con la devaluación, aumentarán los ingresos en bolívares de los intereses percibidos en dólares por la banca. Es decir, que es el sector financiero uno de los que más se ha beneficiado de las medidas cambiarias del gobierno.

La devaluación es un duro golpe a los trabajadores. Los millonarios pasivos laborales que mantiene el Estado con sus asalariados se licuan a casi la mitad con la depreciación de la moneda. El efecto inflacionario de la medida impactará en los precios de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicinas.

“En el año 2012, los sectores que recibieron más divisas fueron alimentación, con $7.254,26 millones; salud, con $4.017,99 millones; y, automotriz, con $2.692,58 millones. Estas importaciones se hicieron a 4.30 Bs/$ y en adelante deberán hacerse a 6,30 Bs/$, una devaluación equivalente al 46,5 % que, con toda seguridad, será trasladada al precio final que pagan los consumidores”, explica el economista Víctor Álvarez, ex ministro actualmente vinculado al Centro Internacional Miranda (http://victoralvarezrodriguez.blogspot.com/2013/02/pro-y-contra-de-la-devaluacion.html?spref=tw).

Una salida revolucionaria
La oposición patronal agrupada en la MUD ha calificado la devaluación como “paquetazo”, a pesar de que el programa suscrito por quien fuera su candidato presidencial en octubre, Henrique Capriles, contemplaba ir gradualmente devaluando la moneda hasta alcanzar la paridad entre la tasa oficial y el mercado paralelo, creando un tipo de cambio único (Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019http://static.eluniversal.com/2012/01/23/lineamientosmesaunidad.pdf ). Hasta los momentos no se conoce de nuevas medidas como parte del plan de ajuste del gobierno. Sin que pueda por lo tanto hablarse aún de un paquete de medidas, no obstante el presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, han llamado a debatir sobre el precio de la gasolina, altamente subsidiada, pero cuyo aumento sería nuevamente pechado al pueblo pobre a través de aumentos en los precios de los alimentos y otros productos de la cesta básica.

El último medio siglo ha demostrado que los gobiernos encabezados por los partidos del puntofijismo y sus derivados agrupados en la MUD, al igual que el actual gobierno, son incapaces de acometer el tipo de transformaciones que requiere nuestra economía para salir de la postración monoproductora, y colocar los inmensos petroleros al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. Debido a sus compromisos con sectores empresariales nacionales y transnacionales, son gobiernos que “nacen genéticamente perversos”, para utilizar la expresión de Giordani.

¿Qué medidas económicas adoptaría un gobierno revolucionario para enfrentar la actual situación? Indudablemente que tomar control de la palanca fundamental de la economía venezolana es el primer paso para poder implementar una política tendente a superar la dependencia. Por ello, es ineludible la necesidad de nacionalizar la industria petrolera en su totalidad, denunciando los contratos de empresas mixtas, para colocar el recurso petrolero al servicio de transformaciones económicas de envergadura, como la realización de una profunda reforma agraria, que permita superar nuestra dependencia de la importación de alimentos; aumentar sustancialmente la inversión en las industrias básicas; recuperar bajo control de los trabajadores las empresas que están paralizadas o produciendo muy por debajo de su capacidad instalada; la inversión en adecuación tecnológica de estas empresas para garantizar un alto rendimiento del trabajo. Adicionalmente, habría que suprimir el IVA y sustituir la fuente de estos ingresos con un Impuesto Sobre la Renta y Capitales, que peche a las transnacionales y mayores grupos económicos del país. Finalmente, la única manera de garantizar que las divisas del país se utilicen para importar aquellos productos necesarios para la población, y que las arcas estatales no sigan siendo saqueadas por empresarios y burócratas, es que el comercio exterior esté bajo el control del Estado, en el marco de un control democrático ejercido por las organizaciones obreras y populares sobre dicho Estado.

Pero en Venezuela no existe un gobierno revolucionario que pueda adelantar semejante programa. Por lo pronto, sólo es posible resistir al intento de descargar el ajuste sobre el pueblo trabajador si se articula una significativa movilización en torno a la exigencia de un aumento general de salarios. La Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA) plantea la exigencia de un aumento del 100% al salario mínimo, para que se acerque al monto de la canasta básica oficial. La mayoría de las corrientes sindicales se han pronunciado a favor de un aumento general de salarios, la triste excepción es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, cuyo presidente Wills Rangel considera "una trampa capitalista" solicitar aumentos de salarios para compensar los efectos de la devaluación. Esa burocracia sindical se devalúa al mismo ritmo que el gobierno que le sirve de sostén. Es necesario que el movimiento obrero empiece a transitar un camino de unidad de clase y autonomía. Un paso concreto en esta dirección sería que la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), sus dirigentes y sindicatos de base, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), del cual forma parte C-CURA, y todas las corrientes sindicales dispuestas a movilizarse, convoquemos un Encuentro Sindical y Popular que agrupe a los sectores actualmente en conflicto y que apruebe un plan de lucha por aumento de salarios y en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo.


Partido Socialismo y Libertad