Mineros movilizados en el Estado Español.
Por: L.C. Gómez-Pintado
Desde hace más de un mes los mineros del carbón están en huelga. Especialmente en las zonas mineras de León, Asturias y Palencia. Se han producido cortes de vías férreas y carreteras, encierros en algunos pozos y en oficinas de la administración del estado y, el pasado 18 de Junio, una Huelga General convocada por los sindicatos mineros de UGT y CCOO, con un seguimiento prácticamente total. El 22 de Junio se inició la llamada Marcha Negra, en la que 3 columnas de mineros (procedentes de Asturias, León y Teruel) marchan hacia Madrid, donde llegarán el 11 de Julio, en defensa de los puestos de trabajo y del futuro del sector, ante los ajustes del gobierno del PP.
En la actualidad, el carbón que se quema en las centrales térmicas es la fuente propia más importante para la generación de energía eléctrica del estado español (28% del total), con una producción prevista en 2012 de 11 millones de toneladas. El gas natural supone un 26%, la energía nuclear un 19%, las renovables e hidroeléctrica un 17%, y las petrolíferas un 8,9%. La plantilla de la minería del carbón para diciembre de 2012, según el vigente Plan del Carbón, será de 5.032 trabajadores. De esos trabajadores, alrededor del 50% pertenecen a la empresa pública Hulleras de Norte S.A. (HUNOSA, gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI), y el resto a 28 empresas privadas, algunas de ellas parte de holdings como el Grupo Viloria, que también se dedican a otras actividades relacionadas con la energía y el suministro de combustibles.
Junto a esta plantilla debe considerarse el efecto de un eventual cierre de las minas sobre el empleo inducido (contratas, que triplicarían los números de la contratación directa), y sobre el empleo indirecto, pues la mayoría de la actividad económica de las zonas mineras, especialmente en Asturias, León, Palencia y Teruel, tiene que ver con la minería
La reestructuración del sector: hacia el cierre negociado, con subvenciones a la patronal
La reestructuración de la minería del carbón forma parte del proceso de desindustrialización y ‘adaptación’ a los intereses de las burguesías europeas –especialmente de la alemana y la francesa- para la entrada de España en la Unión Europea con una economía enfocada al turismo, los servicios, la especulación, y la venta y privatización del sector público. Con la actual presión europea sobre el ‘déficit’ de los estados, y con la imposición de medidas de ajuste por todos los gobiernos, el cierre de la minería parece que debe acelerarse, pues la UE plantea terminar su política de subvenciones en 2014.
Para justificar el cese de la minería del carbón se utilizan argumentos ecológicos –por las emisiones de CO2 y el daño al medio-, y ‘económicos’ – por el precio más barato del carbón exterior. Frente a esto se argumenta la necesidad de mantener unos mínimos de producción propia para contrarrestar la enorme dependencia energética exterior, de alrededor del 80%, y los avances tecnológicos, como la ‘quema limpia’ en las centrales térmicas, que reducen las emisiones de CO2.
En este marco, desde 1990 se han ido negociando diferentes planes de reducción progresiva de la producción y las plantillas, entre el gobierno, los sindicatos UGT y CCOO, y la patronal privada de la minería, CARBUNION. El efecto de esos planes ha sido el siguiente: de 234 empresas del año 1990, con una plantilla de 45.212 trabajadores y una producción de 19,32 millones de toneladas, se prevé llegar a fines del 2012 con una producción de unos 11 millones de toneladas (sobre los 9,1 previstos en el Plan del Carbón 2006-12) y una plantilla directa de 5032 trabajadores, en 28 empresas. Paralelamente, se ha incrementado la actividad de las contratas (en proporción de 3 a 1) y se han repartido cientos de millones en ayudas a las empresas privadas, gestionadas por la Comisión de Seguimiento del Plan que forman los firmantes. Estas ayudas debían servir tanto para la política de reducción ‘no traumática’ de las plantillas (prejubilaciones y bajas incentivadas), como para proyectos privados de reactivación de las cuencas mineras que, en muchos casos, y en palabras del actual Ministro de Industria, no se han llevado a efecto.
La empresa pública HUNOSA, incluida en el Plan, cumple el papel de comprador a las empresas privadas con problemas, y de soporte para la financiación de proyectos privados ligados al Plan del Carbón.
El ajuste del gobierno y la propuesta de las direcciones sindicales
El pasado febrero, el gobierno del PP anunciaba la congelación de las ayudas del actual Plan del Carbón, vigente hasta diciembre del 2012. El ajuste se traduce en una reducción en los Presupuestos del Estado. Las ayudas estatales a la producción de carbón, con las que se subvenciona a las empresas mineras, pasan de 301 millones a 111; la partida para la creación de infraestructuras (fondos mineros) se reduce de 167 a 101,6 millones; la dotación para becas pasa de 56 a 2 millones; las ayudas para instalación de nuevas empresas en las zonas mineras (reactivación industrial y económica) pasan de 167 millones a 39. Y en materia de Seguridad Minera, el Plan preveía una inversión de 12 millones que desaparece.
El ajuste del gobierno provocó la inmediata amenaza de cierre por parte de la patronal. Por su parte, las direcciones de CCOO y UGT, además de negarse al recorte, plantean la negociación de un nuevo plan hasta 2018 (fecha prevista por la UE para el cierre de las empresas que necesiten subvenciones). Dicho plan debería incluir el mantenimiento de la actividad minera del carbón, junto al resto de fuentes de generación de energía, y una actualización del fracasado proyecto de reactivación económica de las cuencas mineras. En esta línea, Cándido Méndez, secretario general de la UGT, plantea al gobierno que pida un préstamo para garantizar las ayudas previstas, «como hace para ayudar a otros sectores industriales».
La necesidad de una salida: nacionalización y racionalización
Las direcciones sindicales y el gobierno eluden hablar claramente de la principal medida que haría posible la racionalización del sector y la reactivación de las zonas en peligro: la Nacionalización de la industria minera y energética, actualmente sujeta a los vaivenes de los mercados internacionales y del interés privado.
Al no plantear la nacionalización, las direcciones de CCOO y UGT utilizan la heroica lucha de los mineros para alinearse con la patronal y defender sus subvenciones actuales mientras pretenden seguir negociando la lenta agonía de la minería. Porque sólo desde una industria energética pública y unificada se puede encarar la racionalización de la minería, reestructurando lo que haga falta en función del interés social y teniendo en cuenta los efectos sobre el medio ambiente, e incluyendo un Plan de reindustrialización y empleo que garantice los niveles actuales y el desarrollo de las zonas dependientes de la minería.
No dejar aislada la lucha de la minería
En 2005 tras casi un mes de huelga y con un gran nivel de radicalización, se firmaba el actual Plan. En 2010, la patronal dejó de pagar los salarios y hubo una nueva huelga, en la que medió el gobierno del PSOE. En esta ocasión, ante el drástico recorte del gobierno del PP, los mineros se han lanzado nuevamente a la lucha, obligando a sumarse a las direcciones sindicales que ahora pretenden reconducirla hacia un nuevo Plan 2013-18 que continúe la agonía negociada del sector y nuevas subvenciones a la patronal. Pero, más allá de sus particularidades, la situación que viven los mineros se enmarca en los ataques que la clase trabajadora sufre a escala estatal y europea, y su lucha coincide con los motivos que nos llevaron a la anterior Huelga General del 29 de Marzo en el estado español, que ha quedado sin continuidad.
Por eso muchos y muchas vemos con simpatía y solidaridad esa lucha, más allá de la política de las direcciones de UGT y CCOO que utilizan a los mineros para presionar hacia una salida negociada que no contemplará la nacionalización de la minería y el sector energético, el fin de las subvenciones a la patronal y la reindustrialización de las zonas mineras, y que lo que hacen es intentar mantener el conflicto lo más aislado posible. Los dirigentes de UGT y CCOO no han querido hasta ahora convocar una Huelga General a escala estatal por el empleo y contra los recortes del gobierno, convocatoria que viene siendo aplazada desde el 29 de Marzo. Ni siquiera están realizando actos o convocatorias en solidaridad con la lucha minera en toda la geografía estatal.
Hoy, la lucha de los mineros nos hace decir que ya es hora de unificar las luchas de los trabajadores y trabajadoras contra la política del gobierno, y no de defender subvenciones para la patronal a costa de nuestras luchas, sino de empezar a proponer soluciones de fondo a nuestros problemas.
Apoyemos la lucha de los mineros.
Por la nacionalización del sector energético y la minería.
Por la reindustrialización de las cuencas mineras. Por un plan de empleo público.
Contra los recortes, las privatizaciones y la destrucción de empleo.
¡Huelga general contra la política del gobierno!
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