Hay que desenmascarar la política laboral del gobierno

Por:Francisco “Fran” Luna* 

 

La situación económica de los trabajadores venezolanos se encuentra en una situación apremiante, y la economía nacional se hunde en la dependencia, luego de al menos tres años de políticas económicas de ajuste contra los más pobres para mantener las ganancias de las transnacionales y los empresarios nacionales. El gobierno insiste en aplicar medidas que perjudican a los trabajadores y al pueblo. Sin ningún tipo de control, crece la deuda pública mientras el precio del petróleo se mantiene sobre los 100 dólares por barril, estando presupuestado a menos de la mitad de su precio real. Gran parte del problema es que las transnacionales saquean la riqueza petrolera y gasífera a través de las empresas mixtas promovidas por el gobierno de Chávez.


Mientras que las transnacionales se llenan los bolsillos con la riqueza petrolera, gracias al modelo entreguista del presidente Chávez, el gobierno dice que no hay recursos para pagar salarios dignos, para firmar los contratos colectivos vencidos y para cumplir con los contratos colectivos vigentes. Y lo que es peor, ahora el gobierno pretende pagar los pasivos por prestaciones sociales a través de bonos de Pdvsa, lo cual es una verdadera burla a la dignidad de los trabajadores.

La creación del nuevo fondo estatal para las prestaciones sociales es un mecanismo del gobierno para meterle mano a los ahorros de los trabajadores y tapar sus huecos fiscales. Nosotros exigimos que todo fondo de jubilaciones o prestaciones sociales tiene que estar bajo control de sus legítimos dueños, que son los propios trabajadores.

De lo contrario, pasará como en Pdvsa, donde el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores de la industria petrolera fue saqueado por la burocracia roja en la persona de Francisco Illaramendi, a través de una empresa de su propiedad con falsos ejercicios contables. Illaramendi estafó 580 millones de dólares a los trabajadores petroleros, y todavía no ha asumido su responsabilidad política y administrativa la directiva de Pdvsa, en las personas de Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo, presidente de Pdvsa y de Finanzas del Fondo de Pensiones, respectivamente. La Asamblea Nacional, en vez de investigar el hecho, barrió las denuncias debajo de la alfombra.

No se puede entender el sentido de la reforma laboral del gobierno, sin no se ubica en el contexto de la política antiobrera que ha profundizado en los últimos años. Los ataques salvajes contra la autonomía sindical, los despidos ilegales de dirigentes sindicales y trabajadores írritamente, violando los fueros sindicales y la inamovilidad laboral; la permanente violación de los contratos colectivos el sector público y las empresas ligadas al gobierno, así como las de los empresarios del Psuv, la depauperación del salario, el deterioro de las condiciones de seguridad e higiene en las empresas básicas y Pdvsa; el crecimiento de los pasivos laborales en el sector público, entre otros, son suficientes razones para desconfiar del gobierno. Y si a esto hay que sumarle la destrucción de los sindicatos en las empresas compradas por el gobierno, el avance del sicariato contra los trabajadores y dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales y trabajadores retenidos y presos por luchar, como en el caso Rubén González, y los que tienen despidos injustificados con órdenes de reenganche por parte de las inspectorías del trabajo y que tanto el gobierno nacional como las alcaldías y gobernaciones de la oposición no acatan (casos como los de Orlando Chirino y Robert González en Pdvsa, Gobernaciones, Alcaldías, Banesco, Polar, entre otros).

Persiste la criminalización de las luchas obreras (casos como las empresas de servicio y contratistas petroleras en la Costa Oriental del Lago, el Hospital Coromoto y las Clínicas privadas de Pdvsa) donde incluso despiden a los trabajadores sin pagarles sus prestaciones. Impsasel no actúa oportunamente en defensa de los trabajadores cuando el patrono es del Estado o de empresarios aliados del gobierno.

Todas estas violaciones y este ensañamiento contra los trabajadores venezolanos demuestran que este gobierno no es obrerista ni mucho menos socialista. No es casual que la reforma a la LOT se haya hecho sin participación ni consulta a los trabajadores. Por eso desde la corriente sindical C-cura y el Partido Socialismo y Libertad combatimos esa política antiobrera y súper capitalista del presidente Chávez y su gobierno, y llamamos a dar una respuesta unitaria de clase a la contrarreforma laboral ejecutada a través de la reforma de la LOT por vía de la Ley Habilitante.

* Dirigente de C-CURA y del PSL (Partido Socialismo y Libertad) en el estado Zulia.