Advierte que el gobierno quiere ponerle una camisa de fuerza a los sindicatos
Foto cortesía deslinde2011.blogspot.com.
Miguel
Ángel Hernández, vocero del Partido Socialismo y Libertad, advierte que el Gobierno venezolano
quiere ponerle una camisa de fuerza a los sindicatos. Por ello, entre
otras cosas, deduce que a Hugo Chávez le queda poco en la Presidencia.
La
marcha laboral del sábado le dejó un sabor agridulce. A pesar de lo
“representativo” del acto por la “alta participación” de trabajadores,
Miguel Ángel Hernández lamenta que las peticiones del grupo no hayan
sido recibidas.
No le importa mucho que les hayan cerrado el
paso hasta la Asamblea Nacional. A eso ya están acostumbrados. Lo que sí
lo decepcionó fue que ni el oficialismo ni la oposición los haya
atendido en sus requerimientos. “Esos lo que están es pendientes de su
campaña política”, asegura, destacando el protagonismo que tienen los
trabajadores en este tipo de luchas.
Por eso marchó este sábado. Por eso rechaza una ley del trabajo vía habilitante; y por eso es que no se
identifica con ninguna tolda que no sea la del Partido Socialismo y Libertad.
Nacido
de las cenizas de la Unidad Socialista de Izquierda, la reciente
organización política se encuentra en proceso de legalización.
Hernández, como su secretario general y jefe del Departamento de
Estudios Latinoamericanos de la escuela de Sociología de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) analiza la situación de los trabajadores en
un país subordinado a una coyuntura política.
- ¿Por qué esperar hasta ahora para emitir una ley que tiene 13 años en mora legislativa?
-
Nosotros creemos que es una razón meramente electoral en un contexto de
gran crisis política, de una gran conflictividad social, como los
muestran los datos de la conflictividad social de Provea, y de un gran
desgaste del Gobierno. El Gobierno viene de un proceso de desgaste, de
agotamiento que se complica aún más con la situación de salud de Chávez,
que pone
en el tapete, por primera vez en más de diez años, la posibilidad
cierta de que el gobierno sea derrotado. Producto de esa situación es
que el Presidente se da cuenta de que hay una mora legislativa con la
ley del trabajo y decide reformarla a través de la ley habilitante.
- ¿Qué opina de que esta ley se quiera reformar por esta vía y no en el seno legislativo, donde sería más lógico discutirla?
-
Nosotros estamos en desacuerdo con eso. El gran problema es que la ley
no se está discutiendo; ya tenemos conocimiento extraoficial de que el
borrador de una propuesta de ley está completamente elaborado. No se
conoce, no se ha sometido a la discusión de los trabajadores, se va a
aprobar de manera unilateral e inconsulta y nosotros rechazamos ese
método. Creemos que la discusión tiene que ser a través de una
constituyente nacional sindical, donde los trabajadores discutan y hagan
las propuestas que sean pertinentes para
avanzar en el desarrollo de los derechos laborales.
- Pero el
Gobierno activó una comisión presidencial que se está encargando de
recoger las impresiones de los trabajadores y el resto de la sociedad
para incluirlas en la ley.
- Es que, precisamente, una
comisión presidencial es una comisión patronal porque uno ve cómo está
integrada. El principal patrón del país es el Presidente Chávez, y es el
que está conduciendo, a través de la habilitante y de esta comisión, un
proceso que debería ser conducido y discutido por los trabajadores de
manera democrática. Se supone que estamos en una democracia
participativa y protagónica, pero el mismo gobierno violenta esa
característica que está establecida en la Constitución, para aprobar de
manera inconsulta la ley más importante del país después de la
Constitución Nacional.
GRIETAS EN LA BASE
- ¿Qué
lectura puede hacerse de la situación de los 45
colectivos de base de Guayana, que aun siendo críticos de la gestión
del Gobierno en las empresas básicas, todavía se mantienen firmes en su
apoyo?
- Yo creo muy positivamente en este comunicado, porque
eso refleja el gran descontento y la crisis que hay en el seno de la
base chavista, con un gobierno que se dice ‘socialista y obrerista’ de
la boca para afuera, pero que en la práctica es todo lo contrario. Este
gobierno ha venido criminalizando la protesta, no discutiendo los
contratos colectivos, pasándole por encima a la autonomía de los
sindicatos, violando la libertad sindical, violando descaradamente los
derechos de los trabajadores a estigmatizarlos desde el punto de vista
ideológico y político. Esa reacción de esos colectivos representa ese
desgaste, ese agotamiento del Gobierno nacional y la crisis que hay en
la base social popular del chavismo, que creyó que iba a haber cambios
profundos con este Gobierno, cosa que no
ha sucedido.
Lo otro que nosotros decimos es que es cuestión
de tiempo, de que los sectores honestos de la base del PSUV, que los
activistas populares y sindicales comiencen a reaccionar y a darse
cuenta de que este gobierno es su principal enemigo y que no tiene nada
que ver con el socialismo. Si bien hoy muchos de los que firman ahí,
tarde o temprano van a darse cuenta de que el jefe, el patrono que
ordena todas estas acciones anti populares es el mismo presidente
Chávez.
- ¿Cree usted que este descontento de los trabajadores
pudiera traducirse en un voto castigo en las elecciones presidenciales
del 7 de octubre?
- Sin duda. Yo creo que de alguna manera eso
se reflejó en las elecciones primarias. Las primarias reflejan un pase
de factura contra un gobierno anti popular, anti obrero, que criminaliza
la protesta, y eso podría producirse el 7 de octubre. Todavía es
difícil saber cuál es la situación exacta. Hay una
situación muy confusa aún, pero por primera vez el Gobierno está
consciente de que puede perder las elecciones; por eso llevan toda una
política populista de venta de bienes con el programa Mi casa bien
equipada, venta de vehículos iraníes… tratando de recuperar todo el
apoyo que tuvo el presidente Chávez.
- ¿Qué se puede esperar de esta nueva Ley Orgánica del Trabajo?
-
No esperamos nada bueno. No conocemos el proyecto, pero sí conocemos el
gobierno. Tenemos la experiencia y por eso no creemos que este gobierno
vaya a aprobar una ley que beneficie a los trabajadores. Nosotros
creemos que el objetivo del gobierno con esta ley, aparte de lo
electoral, es ponerle una camisa de fuerza al movimiento sindical para
maniatarlo, para controlarlo. Lo que quieren es institucionalizar lo que
han venido haciendo todos estos años.
rsiverio@correodelcaroni.com
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