Al menos 16 dirigentes tienen prohibido ejercer acciones sindicales

Procesos contra trabajadores afectan la libertad sindical 

Marco legal SUHELIS TEJERO PUNTES |  EL UNIVERSAL  

lunes 18 de abril de 2011  12:00 AM

Iniciar un juicio contra un trabajador por protestar no ha sido el único mecanismo que se ha utilizado para aplacar los ánimos laborales. Además de la criminalización de la protesta laboral, a partir de 2009 se comenzaron a presentar decisiones judiciales que permiten pasar a sindicalistas al retiro.

Al menos 16 dirigentes se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades, bien sea porque un tribunal los ha obligado o porque algunas decisiones de las insectorías del trabajo han avalado sus despidos, pese a estar protegidos por el fuero sindical previsto en la Ley Orgánica del Trabajo.

Ello sin contar con que más de 200 trabajadores deben cumplir con regímenes de presentación ante los tribunales que, en algunos casos, se encuentra en regiones diferentes a las que habitan los imputados.

El primer paso para avanzar en una cruzada contra la libertad sindical se inició en 2009, cuando un tribunal del estado Carabobo decidió que cinco dirigentes de la refinería El Palito -imputados por protestar- no podrían promover o incitar asambleas, concentraciones y reuniones dentro de las instalaciones del complejo refinador petrolero.

Otro caso fue el de un grupo de cinco trabajadores (dos de ellos dirigentes sindicales) de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que protestaron en una guardería a la que asistiría el ministro de Industrias Básicas y Minería de entonces, Rodolfo Sanz.  

Despidos y limitaciones                                                                                                                   Además de ser detenidos e imputados por varios delitos por esta acción, un tribunal los liberó a cambio de su inactividad sindical. Un tribunal del estado Bolívar consideró que los trabajadores podrían quedar en libertad con la condición de no participar en protestas ni marchas que menoscaben el libre desenvolvimiento de la CVG.  

Además la medida obliga a los afectados a notificar al Ministerio Público cualquier cambio de residencia y a estar atentos del llamado del tribunal.  

Sobre este caso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expresado su sorpresa debido al carácter judicial que ha tomado una protesta que el ente consideró pacífica. 

"El Comité (de Libertad Sindical) urge al Gobierno a que urja a la autoridad judicial a que tenga debidamente en cuenta que los sindicalistas en cuestión realizaban una protesta pacífica", indicaba un informe presentado a finales de 2010.  

Por su parte, en VENRUS –Empresa de capital mixto, Roso/Venezolana-  cuatro directivos del sindicato de esa empresa fueron imputados hace un par de semanas por su participación en una protesta. Pero antes de ello, esos trabajadores ya habían sido despedidos de la empresa, lo que se logró tras la calificación por parte de la Inspectoría del Trabajo del estado Bolívar.

Los afectados siguen desempeñándose como directivos del sindicato, pues no han sido elegidas nuevos representantes, pero no pueden entrar a la empresa, lo que afecta sus posibilidades de ejercer sus roles sindicales con libertad.

También en Guayana, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, pasó casi un año y medio detenido mientras se le juzgaba por presuntos delitos asociados a una protesta realizada en la empresa básica. Durante ese lapso estuvo forzosamente alejado de su actividad sindical, pese a que todavía presidía el sindicato de Ferrominera.

Acumulación de casos                                                                                                                              Estos casos se unen a alrededor de 200 más en los que trabajadores y sus dirigentes sindicales enfrentan su asistencia regular a los tribunales para mantener su libertad condicional. La más grave de esas situaciones ocurrió a fines de 2008, cuando 12 trabajadores tercerizados de SIDOR fueron detenidos cerca de la sede de la Vicepresidencia de la República, en Caracas, por violar una zona de seguridad. Aunque viven en Bolívar, el tribunal decidió que debían presentarse semanalmente en Caracas, pues fue allí donde se inició el juicio.  

Una situación similar se repetirá en poco tiempo con el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, cuyo juicio será repetido, pero esta vez en Caracas, lo que obligará a movilizaciones recurrentes y a desatender periódicamente su papel como sindicalista.  

Ante la multiplicación de casos judiciales y de limitaciones a la actividad sindical que se han presentado en el país la OIT se ha expresado abrumada, especialmente el Comité de Libertad Sindical de la organización.

"El Comité expresa su preocupación ante la acumulación de delitos a la que se enfrentan estos sindicalistas por actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales", indica el informe que presentó esa instancia en noviembre pasado ante el Consejo de Administración de la OIT.