“Se debe abrir el debate sobre la despenalización del aborto”, Selene Soto de Women’s Link

Texto por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin / Tomado de Efecto Cocuyo

En Venezuela, en medio de una emergencia humanitaria compleja, hay una realidad de la que no se habla, pero que ocurre: la práctica del aborto en condiciones inseguras que pone en riesgo la vida de las mujeres.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones y colectivos feministas desde los años cincuenta, el aborto en el país aún es un delito. La única excepción es que esté en riesgo la vida de la mujer.

Pero una mujer que aborte intencionalmente la pueden castigar con entre seis meses y dos años de cárcel. La persona que provoque el aborto de una mujer con su consentimiento puede pagar de 12 a 30 meses de prisión.

Upatenses expresan malestar social en acto político del PSUV

 

Habitantes de Upata cuestionaron que mientras padecen de la falta de agua, gas y fallas eléctricas, se realizara un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela, para juramentar al comando de campaña.

 Por Jhoalys Siverio/Correo del Caroní

Como en casi toda Venezuela, la población de Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar, no escapa a la precariedad de los servicios básicos y los reclamos de calle que se han intensificado en los últimos días, principalmente por la carestía del servicio de agua por tubería, gas doméstico y electricidad. Mientras, se denigra la calidad de vida de los upatenses con servicios básicos irregulares en plena pandemia de COVID-19, las autoridades municipales y regionales celebraron un acto político electorero para juramentar el Comando de Campaña Darío Vivas en Piar, a propósito de las elecciones para la Asamblea Nacional, convocadas para el próximo 6 de diciembre.

Al acto, realizado en el Parque Bicentenario Alejandro Otero, en Upata, convocaron a un máximo de 60 personas para garantizar las medidas de distanciamiento y seguridad ante la pandemia.

El pueblo de Upata no tardó en enterarse de la actividad y decidió drenar sus reclamos y demandas hacia los representantes gubernamentales que participaron en el evento: la alcaldesa de Piar, Yulisbeth García, y el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri.

Voz de los trabajadores Nº 56(PDF): En medio de la pandemia / El país se cae a pedazos no hay gasolina, ni gas, ni agua y apagones a diario

 

Debemos movilizarnos por nuestros derechos

Editorial:Sigamos el ejemplo de lucha
de Yaracuy

El pasado 23 de septiembre las venezolanas y venezolanos vimos por las redes sociales la masiva y combativa movilización que se produjo en Urachiche. En un pequeño pueblo yaracuyano de apenas 25 mil habitantes, miles de personas salieron a las calles cansadas del hambre, de los bajos salarios y de la destrucción de los servicios públicos. Pero lo que más llamó la atención es que fue una protesta que partiendo de las principales necesidades que vive el pueblo trabajador, iba más allá, atreviéndose a cuestionar directamente al gobierno de Maduro. En ese sentido, fue una protesta reivindicativa pero también profundamente política. Ya se está agotando la paciencia del pueblo venezolano.

En los días subsiguientes las protestas se extendieron a otras zonas de Yaracuy, como Nirgua, Yaritagua y Chivacoa, en esta última población los manifestantes quemaron la sede de la alcaldía.

Desde entonces otras poblaciones de distintos estados del país, fueron escenarios de protestas por gas, gasolina, agua, electricidad y comida. En Cumaná, durante varios días seguidos, cientos de motorizados y conductores con sus vehículos se concentraron frente a la gobernación del Estado exigiendo ser surtidos de gasolina. Pero también hubo protestas en Valencia, Puerto Ayacucho, Cojedes, Nueva Esparta, Barinas, Guarenas, entre otras ciudades y pueblos del país.